Además de los temas tratados previamente, también es importante en este contexto hacer algunas consideraciones sobre otras temáticas que son relevantes a Conducta Empresarial Responsable, las cuales, si bien no están vinculadas directamente al ámbito laboral, si están si asociadas al mundo del trabajo como parte del proceso de la globalización, las cuáles son:
Múltiples y significativos son los desafíos ambientales que enfrentan las empresas hoy en día, como la disminución de la contaminación, disputas por el acceso a recursos naturales, disputas territoriales, disputas por derechos indígenas, entre otras[1]. En un continente que destaca por tener la mayor cantidad de biodiversidad del planeta y, por ende, características ambientales únicas[2] que lo convierten en pulmón natural y ofrecen amortiguación a los efectos del cambio climático, las empresas están llamadas a repensar sus negocios y a implementar nuevas formas de producción, ya no lineales, sino circulares, más limpias y de menor impacto ambiental, así como a contribuir con la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Las evidencias muestran que concentración de dióxido de carbono está afectando de manera particular a América Latina, aumentado los niveles de precipitación, temperatura y fenómenos extremos. Tanto el Océano Pacífico como el Atlántico sufren de acidificación y calentamiento, y se podrían ver afectados los suministros de alimentos y aguas. Esto generará una importante pérdida de puestos de trabajo, pérdida de productividad y mayores niveles de desigualdad, toda vez que afectará a las personas y países más pobres, aumentando también los niveles de migración dentro y entre países[3]. Hoy en día sabemos que la discusión sobre el cambio climático y sus consecuencias afectan al empleo y las condiciones laborales. Esto ya que podría modificar la estructura del empleo, deteriorando la economía y las posibilidades de entrega de empleo en algunos sectores, y potenciando otras que están basadas en los esfuerzos por mitigar el cambio climático. De esta manera, poner el acento en la temática facilitaría el consenso para un mandato ambicioso sobre la reducción de emisiones. El sector privado por sí mismo no puede, ni debe afrontar una versión holística de los impactos ambientales, ni debe ignorarse el papel clave del Estado en todo esto. El llamado que se hace al sector privado, es para que participe de las estrategias de sostenibilidad, y que, en la medida de lo posible las integre a sus modelos de negocio, poniendo especial foco en la contribución al desarrollo sostenible y comprendiendo que desarrollo económico y la justicia social van de la mano con lo ambiental. En materia ambiental e sector empresario tiene obligaciones que derivan de regulaciones específicas, muchas de ellas con carácter habilitante; es decir que deben cumplirse para poder realizar la actividad. La responsabilidad primigenia de las empresas es la de prevenir los impactos negativos en el desarrollo de sus actividades puede ocasionar, mediante la implementación de diferentes y complementarias acciones preventivas. Como ser, una adecuada realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la implementación de acciones de eco-eficiencia que tiendan a disminuir el uso de recursos y la generación de residuos, la puesta en marcha de sistemas de gestión ambiental, la definición de acciones enmarcadas en el concepto de economía circular, entre muchas otras. Acciones que quedan enmarcadas en el concepto de “economía verde”. La Alianza para la Acción hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés Partnership for Action on Green Economy), iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas en la que participan diferentes Agencias del Sistema de las Naciones Unidas mediante el aporte del conocimiento y experiencia de cada una, entre ellas la OIT, ha establecido que una economía verde es aquélla que resulta del mejoramiento del bienestar humano e igualdad social, mientras que se reducen significativamente los impactos ambientales. Son economías más inclusivas, que utilizan los recursos de manera más eficiente y que tienen bajas emisiones de carbono. Desde una perspectiva empresarial, se pone énfasis en hacer inversiones en tecnologías, sistemas, procesos e infraestructuras que mejoran las actividades económicas productivas al tiempo que optimizan la utilización de los recursos naturales y minimizan los impactos ambientales. A partir de esto, las empresas en la medida que les sea posible deberían: [1] OIT. 2020. Medio Ambiente y Cambio Cllimático. https://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_ENV_ES/lang--es/index.htm [2] Gandolfo, Vincent J. III, "Falta de derechos humanos y violencia: La crisis ambiental en América Latina". Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2017. Disponible en Trinity College Digital Repository, http://digitalrepository.trincoll.edu/theses/671. Visitado en Noviembre 2019. [3] ONU. 2019. El cambio climático costará 80 millones de puestos de trabajo para el año 2030. Disponible en internet en https://news.un.org/es/story/2019/07/1458652.
La corrupción es un elemento que atenta contra una conducta empresarial responsable, generando impactos en la cantidad y condiciones de empleo, afectando la competitividad, dañando las instituciones democráticas y perjudicando el gobierno corporativo. En ese sentido, “Las empresas no deberán ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. Las empresas deberán, asimismo, rechazar cualquier soborno y otras formas de extorsión”. La corrupción desalienta la inversión y distorsiona las condiciones internacionales de competencia. En particular, el desvío de fondos a través de prácticas corruptas debilita los esfuerzos realizados por los ciudadanos para alcanzar niveles más altos de bienestar económico, social y medioambiental, y dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza. Las empresas tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra estas prácticas[1]. Es debido a esto, que la presente guía recomienda a las empresas fomentar y promover la transparencia y la lucha contra la corrupción, dependiendo de su tamaño y capacidad, considerando las siguientes acciones: [1] OECD. 2011. Línea Directrices de la OECD para empresas multinacionales. Revisión. Disponible en https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf [2] UNODC. Guía Anticorrupción para las Empresas. Basadas en el Estatuto Anticorrupción. Disponible https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Diciembre/Guia_Anticorrupcion_empresas_UNODC_Web.pdf. Revisado Noviembre 2019.