Analíticas

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Vivimos en una sociedad en permanente evolución, más demandante y empoderada, que impone exigentes desafíos a los diversos actores, en un mapa de continuos cambios.

Nuevas fuerzas están transformando las relaciones entre los diferentes actores sociales.

El desarrollo tecnológico, el cambio climático, los movimientos demográficos y la globalización, son algunas de ellas. Todo esto, enmarcado en un contexto de desconfianza global, en especial en lo que respecta a órganos públicos y a las empresas; aunque también alcanzado a otros actores sociales como organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa. Aspecto que un Informe de CEPAL  puntualiza al decir que “La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social”[1]. Es este el contexto en el cual hoy la actividad productiva desarrolla sus actividades.

Adquiere, así, conciencia que la globalización ha generado importantes procesos de transformación en el rol de actores que actúan en pos del desarrollo. La empresa es claramente evidenciada como un actor con características especiales, y son justamente estas características las que hacen que hoy la empresa se encuentre en una posición “especial” para contribuir a alcanzar esa visión compartida de sustentabilidad global y también local.

Las empresas están conscientes de que son actores sociales con un enorme potencial de impactar en la calidad de vida y el bienestar de las personas. Así, el desarrollo productivo y el mundo del trabajo adquieren una mirada singular y, a su vez, el relacionamiento con otros actores por parte de la empresa (sociedad, órganos gubernamentales, proveedores, etc.) reviste relevancia para el sostenimiento de la actividad empresarial.

Muchas empresas y sus cadenas de suministro han comenzado a expandirse por otros países de la región o del mundo, contribuyendo al desarrollo sostenible de los lugares donde operan mediante no sólo la generación de trabajo decente y productivo, y la aportación de recursos fiscales, sino también del desarrollo de proveedores, de la generación de nuevas oportunidades para la innovación, el mejoramiento al acceso de bienes y servicios para las comunidades, entre otras externalidades positivas propias de la actividad empresarial. Estos aportes constituyen valiosas contribuciones a la mejora de la calidad de vida de las personas, mejores sociedades y democracia, siempre y cuando la actividad empresarial sea desarrollada con responsabilidad.[2]

En este mundo globalizado en el que vivimos, las empresas -y muchas veces, su cadena de suministro- están cada vez más presentes en otros países de la región o del mundo, realizando transacciones y operando bajo nuevas normativas, ya sean locales o mundiales.

En este marco, los lineamientos e instrumentos internacionales en materias de conducta empresarial responsable ponen el foco en que las empresas desarrollen un enfoque preventivo, que permita asegurar el respeto a las personas y al ambiente. Por ende, comprender el significado del vínculo entre los Derechos Humanos y el quehacer empresarial es esencial para la proyección de la empresa en el siglo XXI.

Con la vista puesta en el hoy, pero también en las próximas décadas, las empresas abordan el desafío de sumarse a las iniciativas internacionales voluntarias que vinculan las temáticas de los Derechos Humanos con el quehacer empresarial.  

En estas iniciativas internacionales voluntarias, encontramos principalmente a los ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible- Agenda 2030), a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a las Guías Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, así como también a la Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre Empresas Multinacionales y Política Social (Declaración EMN).

Como marco global de desarrollo, la Agenda 2030 - Objetivos del Desarrollo Sostenible- abarca temas relacionados con todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, civiles, culturales, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo.

 

[1] https://www.cepal.org/es/comunicados/recuperar-la-confianza-ciudadanos-instituciones-publicas-es-fundamental-retomar-senda

[2] INDH. 2012. Empresas y Derechos Humanos. Disponible en https://www.casadelapaz.cl/derechoshumanosyempresas/wp-content/uploads/2018/09/Cuadernillo-Empresas-y-Derechos-Humanos-INDH.pdf. Visitado en noviembre de 2019.

 

Vivimos en una sociedad en permanente evolución, más demandante y empoderada, que impone exigentes desafíos a los diversos actores, en un mapa de continuos cambios.

La Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social y otros instrumentos internacionales

Esta declaración tripartita, adoptada en 1977 y actualizada en 2017 para hacer frente a los cambios de la globalización, la economía mundial y las formas de producción y trabajo, es el instrumento de la OIT que proporciona orientación directa a las empresas en lo que respecta a la política social[1] y a prácticas incluyentes, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo.

Esta Declaración tiene por objeto fomentar la contribución positiva que las empresas pueden aportar al progreso económico y social y a la consecución del trabajo decente para todos, y minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas.

Sus principios van dirigidos a tanto a las empresas multinacionales, los gobiernos de los países de origen y de acogida, como a las empresas nacionales, sin distinción de su tamaño, y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y abarcan los siguientes ámbitos:

  1. Políticas generales
  2. Empleo
  • Promoción del empleo
  • Seguridad social
  • Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
  • Abolición efectiva del trabajo infantil: edad mínima y peores formas
  • Igualdad de oportunidades y de trato
  • Seguridad del empleo
  1. Formación
  2. Condiciones de trabajo y de vida
  • Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo
  • Seguridad y salud
  1. Relaciones de trabajo
  • Libertad sindical y derecho de sindicación
  • Negociación colectiva
  • Consultas
  • Acceso a mecanismos de reparación y examen de reclamaciones

Esta Declaración subraya la importancia que revisten el Estado de derecho, el cumplimiento de la legislación y el diálogo social, y recuerda que todas las partes deberían respetar los derechos de los trabajadores y contribuir a hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo y pone de relieve la importancia del diálogo y de las consultas entre las diferentes partes, con el fin asegurar la conducta empresarial incluyente, sostenible y responsable de las empresas.

Asimismo, la Declaración EMN hace referencia expresa a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y a las Guías Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, constituyéndose estos tres instrumentos en un marco internacional común sobre la Conducta Empresarial Responsable al alero de la ONU y otras instancias de multilateralismo, los cuales serán analizados en los siguientes apartados.

Por otro lado, otros instrumentos destacables son la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 2008, las conclusiones de la CIT relativas a la promoción de empresas sostenibles (2007) y las conclusiones de la CIT relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro (2016), la Agenda de Acción de Addis Abeba (2015) sobre la financiación para el desarrollo y el Acuerdo de París (2015) sobre el cambio climático.

Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, estructurados en tres pilares - Proteger, Respetar y Remediar, adoptados en 2011, afirman el principio de responsabilidad por parte de las empresas de respetar los Derechos Humanos, enfocándose principalmente en la forma en que las empresas deben poner en práctica esa responsabilidad;  esto es, a través de la realización de la “debida diligencia” respecto de los Derechos Humanos que sus operaciones pueden afectar, ya sea en forma directa, indirecta o a través de su cadena de valor.

En el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Declaración sobre inversiones internacionales y empresas multinacionales, adoptada en 1976, posee como parte integrante de la misma a las Guías Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, cuya revisión más reciente se completó en mayo de 2011. Estas guías contienen las materias básicas y fundamentales de la sustentabilidad empresaria, totalmente alineadas con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como con la Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre Empresas Multinacionales y Política Social.

Como se evidencia, las empresas se están enfrentando a nuevas exigencias por parte no sólo de los ciudadanos, sino también de otros grupos de interés como los inversionistas, quienes, a través de sus agencias calificadoras de riesgos, actualmente ya evalúan cómo las compañías abordan y gestionan aspectos que tradicionalmente no estaban sobre la mesa, como son los referidos a materias de sostenibilidad y Derechos Humanos.  Esto, debido a que saben que una empresa que integra de buena manera estas materias en su gestión, es más competitiva, sostenible y rentable.

A la vez, cada sector de actividad debería avanzar no sólo en la concientización de sus empresas sobre estos temas, sino también en la identificación de sus principales impactos y riesgos sobre las personas y su entorno, ya que sólo comprendiendo cuáles son los aspectos concretos en cada uno de los sectores, se logrará avanzar en un mejorar desempeño en un sinnúmero de temas que el enfoque de Derechos Humanos invita a gestionar de manera más responsable.

Gestionar estas materias oportuna y correctamente, puede hacer la diferencia entre una empresa sostenible o no, entendiendo por supuesto que, dado su profundidad, este es un proceso gradual.

Con esta motivación, el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe presenta esta Guía, para apoyar a las empresas ante las nuevas demandas de los mercados, las legislaciones y, lo más importante, de la sociedad.

 

[1] Para más información sobre la Declaración EMN visitar: https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm

La Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social  y otros instrumentos internacionales